COMUNICADO DEL ARZOBISPADO

COMUNICADO DEL ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE GUATEMALA

CON RELACIÓN A LA RECIENTE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO UNIVERSAL Y EQUITATIVO DE SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SU INTEGRACIÓN EN EL PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA, DECRETO No. 87-2005 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA.

Los padres de familia tienen el derecho natural de educar  a sus hijos, inclusive en materia sexual.  Este derecho natural ha sido reconocido en la Constitución Política de la República, siendo por eso un derecho constitucional (Art 73).

Como consecuencia de ese derecho natural y constitucional se derivan dos obligaciones. Primera, la que tiene  el Estado de respetar este derecho y no atropellarlo con reglamentos o disposiciones que atenten contra el mismo como lo que se observa en el reglamento de la Ley de acceso universal y equitativo de servicios de planificación familiar.   La segunda obligación, la que tienen los padres de familia de vigilar el tipo de educación que pretende impartirse en los centros educativos públicos o privados.  Los padres de familia tienen, además, el derecho de oponerse a los contenidos que el Estado pretende imponer sin su consentimiento.  El artículo 45 de nuestra Constitución Política afirma “Es legítima la resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignadas en la Constitución”.

Los padres de familia tienen, además, una responsabilidad muy esencial en la esfera de la educación sexual.  No se niega que para su crecimiento armónico los hijos tienen que aprender de modo ordenado y progresivo el significado de la sexualidad y al mismo tiempo, descubrir los valores morales y humanos asociados a la sexualidad.  Lo señalaba el Papa Juan Pablo II:  `Por los vínculos estrechos que hay entre la dimensión sexual de la persona y sus valores éticos, esta educación debe llevar a los hijos a conocer y estimar las normas morales como garantía necesaria y preciosa para un crecimiento personal y responsable en la sexualidad humana` (Juan Pablo II FC, n 37).

Finalmente, la Conferencia Episcopal – con  abogados constitucionalistas, médicos y educadores – está dispuesta a dialogar sobre el contenido de este nuevo reglamento con las autoridades de educación y salud pública, siempre y cuando se respeto plenamente el derecho de los padres de familia en la educación de sus hijos.

+ Monseñor Rodolfo Cardenal Quezada Toruño
Arzobispo Metropolitano de Guatemala

Guatemala de la Asunción, 6 de noviembre de 2009.

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Publicado el 16 noviembre 2009 en Reflexiones y etiquetado en , . Guarda el enlace permanente. Deja un comentario.

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